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Cómo La Corte Constitucional Logró Proteger a un Ciudadano que Reclamaba Pensión por Invalidez

Ni las AFP ni las ARL tienen la posibilidad de dilatar el reconocimiento al pago de pensión pues violarían derechos primordiales, de acuerdo con la Corte.

La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, falló a favor de un individuo que había interpuesto una acción de tutela en oposición a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) pues le habrían prolongado su reconocimiento de pérdida de capacidad gremial y, por lo tanto, su pensión por invalidez.

La Sala Primera de Revisión de la Corte aseguró que las entidades accionadas vulneraron los derechos al debido proceso, a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital. Esto, ya que pese a la claridad de la pérdida de la capacidad gremial del accionante en más de 50%, se alargaron las discusiones administrativas para dictaminar de forma injustificada.

“La garantía de dichos presupuestos involucra para las entidades el deber de darle un fomento al trámite y de obrar con total transparencia y claridad, máxime una vez que el solicitante de la pensión de invalidez ha cumplido con su deber de lo que en comienzo le corresponde hacer”, indicó la entidad judicial.

Dichas ocupaciones, especialmente, son exponer la solicitud del dictamen de pérdida de capacidad gremial y exigir la pensión por invalidez, según señaló la Corte.

Además se tuvo presente que el tutelante expresó que el ingreso al que no había podido acceder, constituiría lo suficiente para mantenerse él y a su familia.

Con la pensión por invalidez, entonces, el habitante podría solucionar una vida digna, por lo cual al alargarse el proceso innecesariamente, se le estaba negando su derecho importante al mínimo vital.

Por tal fundamento, la Corte advirtió que las AFP como las ARL vulneran los derechos primordiales de los individuos una vez que su dilatación en el proceso “conducen al peticionario a una situación de incertidumbre en relación a la existencia del derecho pensional”.

En esta situación, la providencia judicial le entregó 48 horas a las entidades accionadas para adelantar los trámites de calificación de la pérdida de la capacidad gremial y, además, las instó a no volver a cometer las conductas que llevaron a la tutela.

De forma paralela, se le ordenó a la AFP a empezar con el proceso de reconocimiento de pensión por invalidez del habitante, el cual tendrá que desarrollarse en un mayor de 10 días hábiles. Este pago tendrá que sostenerse hasta que se decida sobre los principios de la inviabilidad, el cual se establecerá “si la competencia debería modificarse en atención a la calificación”.

Antecedentes

La Corte Constitucional rememoró que ya existe la jurisprudencia suficiente para establecer que, pese a las “divergencias” entre los Fondos de Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales, no hay excusa para dilatar los procesos de acceso a pensiones por invalidez de los habitantes que ya han demostrado su estatus. Se debería, por otro lado, trabajar eficientemente.

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